El año de 1835 se considera fundamental en el desarrollo del Estado político costarricense, con el ascenso al poder de Braulio Carrillo Colina, joven abogado que había sobresalido en su profesión y como comerciante, y a quien se consideraba como conocedor de la realidad centroamericana por haber sido diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, fiscal de la Corte Suprema de Justicia y representante por Costa Rica ante la República Federal. Por su perfil, Carrillo se encontraba muy por encima de los políticos de su época.1 Asumió el poder para terminar el periodo de Rafael de Gallegos, electo en 1833 y quien había promulgado un año después la controvertida «Ley de la Ambulancia», que determinaba que la capital de Costa Rica debía rotar entre las cuatro principales ciudades del Valle Central.1